A continuación se presentan unos indicadores asociadas a los actores y prácticas del IPCM, cuando hablamos de actores y prácticas nos referimos “al ejercicio concreto de la participación y a la relación que se da entre Estado y ciudadanía en el territorio, vincula las prácticas institucionalizadas de participación, representación y el control social, así como las prácticas de movilización y acción colectiva”.
En general, se observa un buen conocimiento y uso de los mecanismos constitucionales de control social y una valoración positiva de los liderazgos sociales y comunitarios pero con cuestionamientos a su efectividad y a su tendencia a concentrarse en una sola persona. Estos cuestionamientos son comprensibles si, por ejemplo, se reconoce que gran parte de los mecanismos consignados en la Ley 134 de 1994 (mecanismos de participación ciudadana) no han logrado una apropiación efectiva por parte de los ciudadanos que se traduzca en el conocimiento, implementación o acción colectiva.
Son aspectos a mejorar la confianza en las y los servidores públicos, las prácticas excluyentes de los ciudadanos para trabajar con personas desmovilizadas, la baja superación de los conflictos al interior de las organizaciones y la persistencia en la instrumentalización personal de la organización social y de la participación en sí misma, cuando es entendida como fin en sí mismo y no como medio para mejorar la vida en común y la democracia.