La participación ciudadana se entiende como una práctica política situada, individual o colectiva, de involucramiento con los asuntos públicos de interés en una o varias escalas territoriales (local, municipal, nacional), cuyos efectos o resultados dependen de las condiciones político-territoriales pre-existentes en las que se agencia, y del tipo de acción que establecen los actores.
La calidad de la participación ciudadana se entiende como una variable territorial que expresa el equilibrio dinámico de la participación ciudadana en sus diferentes relaciones (directas e indirectas) entre el Estado y la ciudadanía, y entre la ciudadanía misma; teniendo en cuenta las condiciones territoriales, las prácticas y los efectos de dicha participación.
Las condiciones territoriales de la participación ciudadana se refieren a la configuración territorial pre-existente, las estructuras y procesos sociopolíticos necesarios para que la participación se pueda dar y tenga agencia.
La práctica-acción se refiere al ejercicio concreto de la participación y a la relación que se da entre Estado, ciudadanía y territorio, por tanto, muestra las lógicas institucionalizadas (o no institucionalizadas) de movilización, e incluye lo relacionado con las características de los actores, su articulación y dinámica en el territorio.
Los efectos se refieren a la capacidad de resolver problemas concretos y a la agencia tanto de actores de la sociedad civil como del Estado.